Espacio Abierto
ISSN 1315-0006 versión impresa
Espacio Abierto v.10 n.4 Maracaibo oct. 2001
Como citar este artículo
Roberto López Sánchez*, Carmen Alicia Hernández Rodríguez*
* Departamento de Ciencias Humanas, Facultad Experimental de Ciencias, La Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
Resumen
El trabajo aborda el análisis del movimiento estudiantil venezolano durante la década de 1980, haciendo especial énfasis en el resurgir de las luchas estudiantiles a partir del llamado “marzo merideño”, en 1987. En primer término se consideran las teorías sobre los movimientos sociales y su importancia para el estudio de los movimientos estudiantiles. Igualmente se aborda la reflexión sobre el papel histórico del movimiento estudiantil en Venezuela y toda América Latina, y su protagonismo en la nueva realidad dominada por la imposición de modelos neoliberales y la globalización. En segundo lugar se analizan los programas de los movimientos autónomos de base que surgieron en el estudiantado universitario de los 80. Finalmente, se aborda el estudio particular de las luchas estudiantiles de 1987 y su repercusión en la situación política nacional. Se concluye que las luchas estudiantiles de 1987-88 sirvieron para legitimar la práctica de la lucha callejera y de saqueos que luego se generalizó en febrero de 1989, y que el discurso antisistema bipartidista que usaron los militares al alzarse en 1992 era el mismo discurso elaborado por los movimientos estudiantiles a lo largo de los 80.
Palabras clave: Movimientos sociales, movimiento estudiantil, crisis política, nuevos actores sociales.
Student Movements and Crisis in the Venezuelan Political System
Abstract
This paper refers to Venezuelan student movements during the decade of the 1980s, placing special emphasis in the re-appearance of student protests beginning with the so-called “Merida March” in 1987. To begin with we consider distinct theories related to social movements and their importance in the study of student movements. We also touch on the historic role of the student movement in Venezuela and Latin America, and its protagonist role in the new economic reality dominated by neo-liberalism and globalization. In second place the programs of autonomous movements that arose in university student populations in the 1980s are analyzed. Finally, the special case of the student movement in 1987 and its repercussion in the national political scene is commented on. The conclusion was that student movements in 1987-88 legitimized the practice of street fighting and looting which was later expanded on in 1989, and that anti-bi-party system discourse used by military leaders in the attempted 1992 coupe was the same discourse used in student protests during the 1980s.
Key words: Social movements, student movements, political crisis, new social actors.
Recibido: 11-04-01 • Aceptado: 12-09-01
Introducción
En la segunda mitad de la década de los 80 se iniciaron en Venezuela una serie de protestas estudiantiles que tenían como características principales su enfrentamiento al sistema político bipartidista, su extensión por todo el territorio nacional y la violencia que reiteradamente se manifestaba. Estas luchas estudiantiles representaron el más grave conflicto social vivido por el régimen puntofijista antes de los sucesos del 27 de febrero de 1989, y en cierta forma constituyeron el primer campanazo de lo que estaba por venir.
El protagonismo estudiantil en estos años ha pasado desapercibido en los análisis que se refieren a los antecedentes de la crisis política desatada a todo lo largo de la década de los noventa, crisis que condujo finalmente al triunfo electoral de Hugo Chávez y al inicio del proceso de cambios por el cual aún estamos atravesando. Dichos análisis hacen énfasis en los prolegómenos de la rebelión militar del 92, o en la bajada popular de los cerros en el 89, pero dejan de lado que antes de eso hubo una significativa protesta estudiantil entre 1987 y 1988, la cual contribuyó decisivamente a configurar un clima de opinión crítica en contra del sistema político hegemonizado por AD y COPEI.
En la protesta estudiantil de los ochenta se manifestaba ya la desconfianza y el rechazo hacia la dirigencia política del país y hacia las instituciones de la democracia, como expresión del malestar presente en las clases populares por los efectos de la crisis económica, las promesas incumplidas, y la corrupción que afloraba por todos los rincones del régimen bipartidista. La respuesta que recibió la lucha estudiantil fue la represión policial y militar. El gobierno caracterizó las protestas como parte de una conspiración subversiva, y en base a ese argumento justificó el uso de mecanismos represivos desproporcionados, como la militarización reiterada de las ciudades, el allanamiento de universidades, pedagógicos y politécnicos, y la apertura de juicios militares contra dirigentes estudiantiles. En contraparte, los estudiantes respondieron con mayor violencia, quemando y saqueando las casas de AD y COPEI, acciones emblemáticas que demostraban hasta qué punto el sistema político había perdido su legitimidad ante el pueblo.
El presente trabajo forma parte de nuestra línea de investigación referida al estudio del movimiento estudiantil venezolano desde 1958 hasta el presente. En la revista OPCION n° 20 y n° 31 hemos publicado las conclusiones a que hemos llegado en el análisis de la década de 1960. Hay un trabajo más extenso sobre el movimiento estudiantil de La Universidad del Zulia (1958-1970) que espera por ser publicado. El presente artículo es un adelanto de la investigación que pretende establecer la incidencia del movimiento estudiantil en los acontecimientos de 1989 y 1992, que significaron el comienzo del colapso del sistema político instaurado a partir de 1958. Intentamos recuperar la memoria de las luchas estudiantiles y su significado en el proceso histórico de la Venezuela contemporánea. Como hemos dicho en otras oportunidades, el movimiento estudiantil constituyó el grupo social más activo del siglo XX venezolano, dando origen a los partidos políticos modernos y a los programas que animaron los cambios modernizantes de mediados de siglo, contribuyendo luego en forma decisiva al cuestionamiento realizado contra los vicios del régimen democrático que se consolidó en 1958. Pero el escenario principal del movimiento estudiantil ha sido la calle y no el parlamento o alguna otra institución; tal vez por ello su relevancia es escamoteada por los historiadores y analistas en general.
Las herramientas de nuestro estudio las hemos tomado tanto de las nuevas teorías sobre los movimientos sociales, como de los aspectos básicos con los cuales Marx analizó a los movimientos obreros del siglo XIX europeo. Ya en Opción n° 31 detallamos los aspectos generales de las teorías que sobre los movimientos sociales han surgido en los Estados Unidos y Europa en los últimos 40 años. Aquí trataremos de seguir profundizando en este aspecto. De igual forma, en la Revista Espacio Abierto de julio-septiembre de 2000, Vol.9, n° 3, expusimos lo que consideramos constituyen los nuevos paradigmas que deben guiar la investigación historiográfica, haciendo énfasis en elementos como la transdisciplinariedad y la holística. Con relación al marxismo, defendemos una perspectiva crítica del mismo, alejada de las deformaciones positivistas que surgieron en los soviéticos y que llegaron a predominar en todo el mundo.
A partir de marzo de 1987 se generalizaron en todo el país una serie de protestas estudiantiles que alteraron significativamente el panorama político nacional, configurando una serie de elementos que catalogamos como embrionarios de la crisis política que comenzaría a aflorar en Venezuela a partir de los sucesos del 27 de febrero de 1989. En las luchas estudiantiles del 87 se configuró un discurso político y una práctica de lucha social que contribuirían decisivamente a la caída del bipartidismo y al nuevo cuadro político que hoy existe en el país.
1. El movimiento estudiantil venezolano, la teoría de los movimientos sociales y la realidad latinoamericana
Como ya dijimos en un trabajo anterior (López y otros, 2000: 78), el estudio de los movimientos sociales sufrió un cambio de paradigma a raíz de los grandes movimientos de protesta de la década de 1960. Este cambio de paradigma tuvo mucho que ver con los movimientos estudiantiles de esos años, pues los investigadores que abordaron dichos análisis o habían participado directamente en dichos movimientos, o por lo menos habían sido testigos de primera fila.
Las primeras teorías que intentaron explicar a los movimientos sociales, se ubicaron en una explicación psicológica de los mismos, considerándolos como producto de la alineación, la ansiedad, la frustración y la atomización social, es decir, como formas de conducta desviada. Por ejemplo, el estudio de Gustave Le Bon, Psicología de las masas, 1895 (Pérez, 1993: 149); y los sociólogos de la llamada Escuela de Chicago: Ralph Turner, Lewis Killiam, Talcott Parsons, Neil Smelser y Robert Merton (Aranda, 2000: 227). Estas teorías fueron desplazadas progresivamente, luego de los grandes movimientos de la década de los 60, por dos grandes tendencias que intentaban buscar las raíces sociales de la protesta colectiva: la teoría de la movilización de recursos, desarrollada principalmente en los Estados Unidos, y la teoría de la construcción de la identidad colectiva, desarrollada en la Europa occidental.
Nos interesa aquí profundizar en el estudio específico de los movimientos estudiantiles. Luego de los 60, ya no se podía aceptar que los participantes en las protestas fueran individuos anómicos e irracionales, como habían defendido los seguidores de las teorías sobre la sociedad de masas; los nuevos investigadores habían descubierto que se trataba de individuos racionales, bien integrados a la sociedad, miembros de organizaciones, y que en sus acciones de protesta estaban impulsados por objetivos concretos, valores generales, intereses claramente articulados y cálculos racionales de estrategia (Pérez, 1993: 162).
La teoría de la movilización de recursos, formulada por autores como Anthony Oberschall, John McCarthy, Mayer Zald, Doug McAdam y Sidney Tarrow, plantea que para que surja un movimiento social no basta con las razones para la protesta (privaciones, etc.), sino que es fundamental disponer de recursos y de oportunidades para la acción colectiva, haciendo énfasis principal en la existencia de la organización como recurso fundamental para la movilización. Por tanto, no es la privación o el malestar social, sino la prosperidad lo que facilita la aparición y el auge de los movimientos sociales, pues la prosperidad es la que permite disponer de mayores recursos. Tanto de mayores recursos personales, debido a la adhesión de individuos por razones de conciencia, es decir, de individuos que al tener resueltos sus problemas vitales básicos, disponen de recursos excedentes en tiempo, dinero y energía para dedicarlos a las actividades del movimiento; como de recursos materiales más abundantes. En cuanto a la organización, se hace énfasis en la diferencia entre la organización de los movimientos sociales de protesta con las organizaciones burocráticas tradicionales (partidos, sindicatos, etc.). Las organizaciones de los movimientos sociales contienen grupos diversos, sin un mando único, con multiplicidad de liderazgos y de objetivos, y con canales de comunicación entre sí. En algunos casos, dichas organizaciones evolucionan hacia su institucionalización burocrática, pero ello ocurre sólo cuando el mismo movimiento social ha perdido su potencia movilizadora inicial (López, Monzant y González, 2000: 79).
En cuanto a las oportunidades para la acción colectiva, la teoría de la movilización de recursos plantea que los movimientos sociales son una forma de hacer política por otros medios, y más en concreto, por los únicos medios con que cuentan los grupos desprovistos de poder y que por ello no consiguen acceder a las formas institucionalizadas de acción política. Los cambios favorables en el sistema político permiten que surjan movimientos sociales: uno de ellos es la mejora en la situación habitualmente poco favorable de los grupos de oposición. Un segundo factor es la aparición de crisis políticas, cuando la posición hegemónica de los grupos o coaliciones dominantes se debilitan a consecuencia de la crisis, generando una ampliación de las oportunidades políticas para los grupos opositores. Un tercer elemento sería la ausencia o el uso restringido de la represión estatal, lo cual suele ocurrir en conexión con los dos factores ya citados.
La historia del siglo XX venezolano tiene un interesante aporte de los movimientos estudiantiles. De los grupos estudiantiles universitarios surgieron los embriones de los partidos políticos modernos, como Acción Democrática, el Partido Comunista, COPEI y URD. En esto influyó evidentemente uno de los preceptos contemplados en la teoría de la movilización de recursos: la proveniencia de clase de los líderes estudiantiles, de sectores medios emergentes, que los colocaban en posición de disponer de tiempo, recursos, información y formación necesarias para organizar un movimiento político de oposición al gobierno y al sistema en general. Cuando analizamos al movimiento estudiantil universitario del período de la renovación, en 1969, decíamos que un elemento favorable al desarrollo mismo del movimiento de renovación universitaria era la apertura política iniciada por el nuevo gobierno de Rafael Caldera, quien promovía la pacificación de las organizaciones de izquierda alzadas en armas. Los militantes de izquierda, deseosos de recuperar sus vínculos con las masas, volvían a las universidades aprovechando la política de pacificación calderista (López, Monzant y González, 2000: 106). Esta circunstancia cumplía otro de los presupuestos de la teoría de la movilización de recursos: la existencia de cambios favorables en el sistema político.
En los movimientos estudiantiles de los ochenta, podemos decir, en primer lugar, que su procedencia de clase seguía siendo la clase media en lo fundamental, sector que aún no había sufrido los estragos de la crisis económica, o que en todo caso comenzaba a ver las primeras expresiones de dicha crisis. La clase media venezolana se fortaleció durante la década del 70, y en los años 80 estaba en capacidad de incidir políticamente en la realidad del país. Desde este punto de vista, se seguía cumpliendo el presupuesto de la teoría de la movilización de recursos que establece la necesidad de contar con recursos materiales y con excedentes de tiempo para dedicarlos a las actividades del movimiento. El estudiantado de los ochenta seguía siendo un estudiantado dedicado exclusivamente a sus funciones académicas. Actualmente, en el 2001, podemos decir que una gruesa parte de los estudiantes de universidades públicas y privadas deben trabajar para ayudar a costear sus estudios.
En la década de los ochenta, otro elemento contemplado en la teoría de la movilización de recursos contribuyó al surgimiento de la protesta estudiantil: el debilitamiento de las fuerzas políticas que habían hegemonizado el sistema venezolano desde 1958. Esto ocurría debido a dos causas principalmente: el inicio de la crisis económica, y el desencanto popular por la corrupción, la burocracia y la ineficiencia del sistema político bipartidista. La agudización de estos elementos conducirían a la crisis política que comenzó a manifestarse a partir de los sucesos del 27 de febrero de 1989. Es innegable que a lo largo de los ochenta se comenzaron a asomar grietas en la aparente solidez del sistema político, hasta el punto que algunos investigadores llegaron a vaticinar, con algunos años de anticipación, la “bajada popular de los cerros” que ocurrió el 27/02/89 (como analizamos más adelante en este mismo trabajo).
Por su parte, la teoría de la construcción de la identidad colectiva, cuyos principales representantes son Alberto Melucci, Francesco Alberoni, Alain Touraine, Gunnar Olofson y Claus Offe (Pérez, 1993: 165), presta especial atención a los cambios estructurales del sistema capitalista que han dado origen a los nuevos movimientos sociales. En ruptura con el paradigma tradicional que veía a los movimientos sociales como expresión del enfrentamiento entre empresarios y trabajadores, o de manera más general, como una lucha de clases cuyo principal protagonista era el movimiento obrero, plantea la novedad de los movimientos estudiantiles, feministas, ecologistas y pacifistas, para poner algunos ejemplos, los cuales tienen poco o nada que ver con la clase obrera. Hay nuevos actores, nuevos objetivos, y nuevas formas de acción social. La explicación radica en que el desarrollo del capitalismo, en los países industrializados fundamentalmente, fortaleció a un importante sector de clases medias que suministró la base social para los nuevos movimientos.
Los teóricos europeos han considerado que las identidades colectivas, o en otros términos, los ingredientes culturales compartidos por los miembros de los movimientos representan el factor fundamental para la permanencia de los mismos. Un movimiento social es un proceso colectivo en el que los actores negocian y renegocian continuamente todos los aspectos de su acción. A lo largo de este proceso se crean los nuevos códigos culturales y las nuevas alternativas simbólicas que definen la identidad colectiva de los actores. Este proceso tiene tres dimensiones fundamentales: las creencias comunes, relacionadas con los objetivos, los medios y el terreno en que se desarrolla la acción; la red de relaciones sociales entre los distintos actores; y la realización de inversiones emocionales, gracias a la cual los individuos acaban reconociéndose como miembros de una colectividad (Pérez L, 1993:174).
Enfatizan los europeos en las diferencias entre las organizaciones de los nuevos movimientos sociales con las organizaciones formales tradicionales. Las primeras están caracterizadas por la actividad, la participación, el compromiso y la acción consciente; las segundas en cambio están jerarquizadas, con división de tareas y pasividad de la mayoría de sus miembros. En los movimientos, el líder es un activista, la legitimidad se basa en el carisma, las relaciones entre los miembros tienen fuertes componentes emocionales, la lucha se dirige a objetivos ideales y se plantea en forma de rupturas radicales, y el público al que el movimiento atrae es joven en su mayoría. En cambio, las organizaciones formales tienen como dirigentes a administradores o gestores, su legitimidad es de carácter burocrático, las relaciones internas están dominadas por la racionalidad, y la lucha se dirige a la realización, aunque sea parcial, de los objetivos y a la consolidación de los logros alcanzados; predominando en las mismas las personas de mediana edad.
La espontaneidad, la informalidad y el bajo grado de diferenciación, tanto horizontal como vertical, son los rasgos definitorios de los nuevos movimientos sociales en el terreno de la organización. Esto explicaría la falta de continuidad características en estos movimientos. Esta discontinuidad se plantea como la presencia vinculada de dos etapas en la existencia de los movimientos sociales: una etapa de “latencia”, en la cual se experimentan los nuevos modelos culturales, opuestos a los códigos sociales dominantes, y se fortalecen los recursos y el entramado cultural para la movilización posterior; y la etapa de movilización propiamente dicha.
La teoría de las “identidades colectivas” expone un aspecto fundamental para entender la lucha social del siglo XX venezolano. En otro lugar hemos dicho: “se han producido circunstancias como la venezolana, en la cual la existencia de una estructura económica escasamente desarrollada en la industria, y por consiguiente con un proletariado poco numeroso, pero que contaba con los aportes millonarios de la renta petrolera, permitió la existencia de una clase media relativamente fuerte en su influencia social. Los movimientos estudiantiles de los años 20, 30, 40 y 50 fueron determinantes en el proceso político posterior de la nación; de las filas universitarias surgieron prácticamente todos los partidos y líderes políticos que condujeron al país en el período democrático y sus etapas previas. En Venezuela la clase media urbana ha sido, a lo largo del siglo XX, la clase revolucionaria por excelencia”(López, 1999: 20). Venezuela es un buen ejemplo del desarrollo desigual de las sociedades capitalistas; ciertamente tuvimos una ausencia notoria de una clase obrera numerosa, y gracias al rentismo generado por el petróleo, surgió una amplia clase media, la cual insurgió políticamente a partir de 1928.
Los movimientos estudiantiles fueron el grupo social más beligerante del período entre 1958 y 1988 (López, Monzant y González, 2000: 83); en esta circunstancia incidía también el control hegemónico que Acción Democrática ejercía sobre las organizaciones sindicales obreras (control que aún hoy en el 2001 parece tener larga vida). La lucha de clases de los primeros treinta años de la democracia puntofijista estuvo signada por la protesta estudiantil. Incluso las organizaciones de izquierda, que se autodenominaban “partido de la clase obrera”, estaban constituidas casi en su totalidad por activistas provenientes del medio estudiantil universitario, como lo ha demostrado Luis Beltrán Acosta en su trabajo “Antecedentes históricos del movimiento estudiantil” (1984: 23).
Tanto la teoría de la movilización de recursos como la de identidades colectivas, coinciden en valorar la acción de los movimientos sociales por medios organizados no tradicionales, es decir, al margen de los partidos políticos hegemónicos y de los sindicatos y gremios mayoritarios. Los movimientos estudiantiles fueron en los ochenta una reacción al control hegemónico que la izquierda parlamentaria ejercía sobre las Federaciones de Centros Universitarios y Centros de Estudiantes en general. Como exponemos más adelante, su punto de partida era la crítica a los vicios burocráticos que habían desarrollado esos partidos de la izquierda tradicional (principalmente el MAS y el MIR, a los que se agregaban los partidos considerados de “derecha” AD y COPEI). Los movimientos estudiantiles de los ochenta fueron en ese sentido una forma de hacer política por otros medios, como lo expone la teoría de la movilización de recursos, y recrearon la forma de relacionarse entre los miembros del movimiento, estableciendo mayores niveles de participación, compromiso, acción consciente, espontaneidad, informalidad, bajo grado de diferenciación entre los líderes y los activistas, características todas que enfatiza la teoría de las identidades colectivas.
Las propuestas políticas de los movimientos estudiantiles cuestionan incluso los fundamentos ideológicos del sistema político: la democracia representativa. Como plantean algunos autores: “desde mediados de los ochenta comienza a surgir tímidamente un difuso movimiento social que tiene como premisa el cuestionamiento a la representación, y junto con él, la organización de acciones de protesta como de prácticas sociales que responden a una cultura política absolutamente contraria a los marcos representativos del totalitarismo liberal-democrático del puntofijismo” (Denis, 2001: 61). En sus críticas a los partidos políticos y su estructura de poder sobre la sociedad venezolana, los movimientos estudiantiles estaban socavando los fundamentos mismos de la hegemonía bipartidista.
Es nuestro criterio que los elementos de ambas teorías, la de movilización de recursos y la de identidades colectivas, no son antagónicos ni contradictorios. Ambas contribuyen a explicar el proceso de los movimientos estudiantiles venezolanos. La primera hace énfasis fundamental en el “cómo” se desarrollan los movimientos sociales, en los mecanismos coyunturales que permiten el surgimiento de movimientos en un contexto histórico determinado. La segunda profundiza en los “porqué”, en las razones estructurales que favorecen la insurgencia de determinados grupos en una formación social específica. Como hemos expuesto en este trabajo y en otros anteriores ya mencionados, tanto los factores coyunturales como los estructurales permitieron el protagonismo político de los movimientos estudiantiles venezolanos en diversos momentos del siglo XX.
Al analizar a los movimientos de protesta social, Alain Touraine propone diferenciar tres tipos de conflictos que tienden a modificar aspectos de la estructura social (Touraine, 1991: 6):
“Conductas colectivas”, serían aquellas acciones que representan una defensa, reconstrucción o adaptación de un elemento enfermo del sistema social.
“Luchas”, se denominarían a los conflictos que buscan modificar sistemas de decisión, que actúan como factores de cambio y como fuerzas políticas.
“Movimientos sociales”, se llamarían a las acciones conflictivas que buscan transformar las relaciones sociales de dominación que se ejercen sobre los principales recursos culturales, la producción, el conocimiento, las reglas éticas.
De acuerdo a dicha categorización, los movimientos estudiantiles venezolanos del período estudiado contienen elementos que se refieren a los tres tipos definidos por Touraine en base al análisis específico de cada una de las luchas desarrolladas; el mismo autor establece que un “mismo conflicto puede depender de uno, dos o tres tipos” (1991: 7). Por regla general, las protestas estudiantiles se inician como una respuesta a violaciones de sus derechos que sufre el estudiantado como tal. En este sentido, serían una “conducta colectiva”, al tratar de restablecer derechos adquiridos con anterioridad, como sucedía con las protestas estudiantiles que se oponían a los aumentos de aranceles a mediados de los ochenta en varias universidades del país. En su desarrollo, las protestas se proponen modificar los mecanismos institucionales que han permitido que sus derechos sean violados. Entrarían así en la categoría de “luchas”, pues el movimiento estudiantil se involucra en acciones políticas enfrentadas a las instituciones del Estado (Ministerio de Educación, gobernaciones, ministerio del interior) y a las autoridades universitarias. Y en última instancia, la lucha estudiantil termina orientándose al cuestionamiento general del orden establecido, contrastándolo con un referente social alternativo (por ejemplo la exigencia de una democracia no tutelada por los partidos, y una economía que permita el bienestar de las mayorías), aunque en este aspecto se hayan limitado al aspecto declarativo y agitativo, sin proponerse la toma del poder político.
Creemos que los movimientos estudiantiles de los 80 no lograron cristalizar en un proyecto de poder, no porque no se lo hubieran planteado, sino por una cuestión de incapacidad política y organizativa para resolver sobre la marcha esa posibilidad. La prueba está que algunos de esos dirigentes antipartido terminaron incorporándose a partidos y organizaciones que sí visualizaban un proyecto de poder; es el caso de los dirigentes del Movimiento 20 en el Zulia, que se incorporaron al partido Causa R y han figurado como parlamentarios regionales y nacionales en la última década (Idelfonso Finol, Elías Mata, Rafael Colmenarez, Tony Boza) y de Franz de Armas (Presidente de la FCU-LUZ en 1990-92 y Director Regional de Salud en 1996, con Arias Cárdenas como gobernador), incorporado al MBR-200 en 1992.
No obstante, pensamos que la categorización de Touraine al exigir que los movimientos sociales, para ser calificados como tales, deben ser portadores de elementos de transformación de “las relaciones de dominación social que se ejercen sobre los principales recursos culturales, la producción, el conocimiento, las reglas éticas”, introduce elementos discutibles, pues habría que definir que se entiende por “elementos de transformación”. En una época en la cual los antiguos paradigmas de transformación se han derrumbado, como por ejemplo el del socialismo real y el propio sentido de progreso implícito en la visión de modernidad, no es tan fácil argumentar cuál elemento es realmente transformador de la estructura social actual y cuál no lo es.
Al respecto hemos debatido en otro momento sobre el carácter transformador de determinados movimientos sociales, en pugna con criterios opuestos defendidos mayoritariamente por los historiadores1. Es el caso de la insurrección de esclavos que estalló en Venezuela en 1812-1814, la cual en su etapa culminante fue liderada por José Tomás Boves. El ejército de Boves, integrado en más del 99 % por negros y pardos, destruía en los hechos las relaciones sociales esclavistas, que eran el fundamento de la dominación colonial española en América, aunque no existió nunca un programa escrito que así lo contemplase. Historiadores como Carrera Damas le han negado el carácter revolucionario a estas insurrecciones de esclavos, argumentando que no existen pruebas documentales de sus propósitos (López, 2000: 133). Carrera parte de una perspectiva filosófica basada en el idealismo subjetivo, al creer que es el pensamiento el que determina los hechos históricos. Nosotros defendemos que “los hechos históricos deben juzgarse principalmente no por lo que los hombres dijeron de los mismos, sino por los hechos que llevaron a cabo” (López, 2000: 134). Al combatir a los esclavistas, asesinándolos con familia y todo, extendiendo esta matanza a toda la población blanca, obra histórica llevada a cabo por el ejército de Boves en casi todo el territorio venezolano, se estaba destruyendo el sistema productivo basado en la explotación del trabajo esclavo.
Esos hechos históricos de incontrovertida realización valen más que cualquier programa. Por ello consideramos que la valoración de las propuestas de un movimiento social debe realizarse a la luz de sus acciones históricas, y de las consecuencias generadas por las mismas, más que en el análisis de pretendidos programas de transformación que no necesariamente generaron cambios reales en la sociedad.
Continuemos. El carácter particular de los movimientos estudiantiles latinoamericanos de las últimas décadas se relaciona mucho con los procesos de masificación de la educación superior llevados a cabo en nuestros países (Brunner, 1986: 279). Los estudiantes universitarios dejaron de ser una elite en la medida en que la crisis económica comenzó a afectar a las clases medias y sectores de trabajadores. Incluso la llamada proletarización de las profesiones universitarias ha hecho bajar de status al individuo que posee un título profesional. Esa es una realidad presente en Venezuela desde hace ya dos décadas por lo menos. A mediados de los ochenta, diversos teóricos como José Joaquín Brunner (1986), Germán Campos (1986: 303) y Luis Gómez Calcaño (1987: 15), no consideraban la posibilidad de un nuevo renacer del movimiento estudiantil latinoamericano y más específicamente venezolano. Se basaban para ello en el fuerte control que mantenían los partidos políticos dentro de las universidades, en la apatía presente en el estudiantado hacia sus organizaciones representativas, en el apego exclusivo a sus intereses gremiales o corporativos, en los efectos desmovilizantes de la crisis económica, en la crisis de los paradigmas que sustentaban la lucha estudiantil de los 60, y en los frenos derivados de la incongruencia entre el ofrecimiento social de participación en los destinos del país y la incapacidad real de incorporar al joven formado ni siquiera al sistema productivo ya existente.
Otros autores señalaban el peso real de las derrotas sufridas por los movimientos revolucionarios latinoamericanos en los 60 y 70, y el efecto sobre la población de la propaganda anticomunista que se centraba específicamente sobre el movimiento estudiantil, como factores que favorecían la desmovilización creciente del estudiantado (Silva Michelena, 1986: 295). A lo anterior se agregaba la imposición del modelo neoliberal, que pregona el individualismo y la competencia como paradigmas sociales, sumado a los cambios en la composición social de los estudiantes universitarios (preeminencia de estudiantes provenientes de clase media, y de estudiantes que trabajan y estudian, reflejo directo de la crisis económica). No obstante, Silva Michelena concluía en que la agudización de las tensiones sociales debido a la crisis económica y la aplicación de las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, creaban las condiciones objetivas para que el movimiento estudiantil asumiera nuevamente un rol protagónico en la sociedad, probablemente en alianza con otros sectores sociales. Y no se equivocaba. Las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1999-2000, han permitido concluir a autores como Aranda que “al finalizar el siglo XX, el movimiento estudiantil aparece alzando la voz en contra del modelo socioeconómico neoliberal excluyente, y para reivindicar los derechos del pueblo como el actor central de las demandas por un cambio social” (Aranda, 2000: 248).
Los movimientos estudiantiles en América Latina fueron en sus inicios, desde Córdoba, la expresión de sectores de las clases medias que pugnaban por abrirse espacios de participación sociopolítica en sociedades oligárquicas tradicionales (Vivas, 1982: 27). A lo largo del siglo XX, en América Latina se concretan una serie de reformas liberales derivadas de cambios profundos en la estructura social, que entre otros aspectos generó un proceso de concentración urbana y surgimiento de nuevas clases sociales. En estos nuevos grupos sociales, los sectores medios emergentes inaugurarán nuevas formas de lucha social, y sus demandas tendrán expresiones significativas en los sistemas educativos y particularmente en las universidades (Bronfenmajer y Casanova, 1982: 269); (Tunnermann, 1979: 31). Los segmentos medios surgen como los principales agentes modernizadores, y se constituyen en los principales grupos de presión en demanda de una mayor democratización del poder político y de mayores oportunidades educacionales. En razón de ello, la lucha estudiantil no era sólo contra la verticalidad de la estructura universitaria, sino contra las sociedades en las cuales ésta funcionaba. Con el avance del proceso de modernización capitalista en las sociedades latinoamericanas, el movimiento estudiantil se consolidó como expresión política de los sectores modernos, según la conceptualización de Zermeño: “modernos, en tanto representan capas que hasta muy recientemente han alcanzado una presencia generalizada en la sociedad, y modernos en tanto su función es el estar íntima y directamente relacionados con la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general” (Zermeño, 1991: 246).
El carácter antiautoritario de los movimientos estudiantiles, que generalmente se enfrentan a las estructuras universitarias y a su papel dentro de la sociedad, también choca en no pocas ocasiones contra el mismo Estado y el sistema político imperante. El movimiento estudiantil conlleva una orientación política en la medida que cuestiona y demanda el uso de recursos y condiciones manejadas por el Estado, ya sean reivindicaciones gremiales o cambios sociopolíticos (Aranda, 2000: 248). En algunos casos, el estudiantado llega a cuestionar el orden establecido, reivindicando una visión progresista de la universidad, que sirva para criticar las desigualdades sociales, la opresión política y la misma dominación extranjera en el país (Wences Reza, 1971: 36). Como plantean diversos autores, la lucha estudiantil por la Reforma Universitaria no es más que un camino para llegar a las reformas sociales y a la misma revolución social (Orgaz, 1971: 101). Esta situación se presentó a mediados de los 80 en nuestro país, cuando las protestas estudiantiles se orientaron hacia la crítica de los vicios presentes en el sistema político venezolano, más que hacia el cuestionamiento de los problemas internos de las universidades.
La causa de esto puede ubicarse en las inquietudes de grupos de las clases medias ante el vertiginoso descenso de sus niveles de vida debido a la crisis económica declarada a partir del llamado “viernes negro”, en febrero de 1983. Estos grupos sociales, que mayoritariamente representan la proveniencia del estudiantado universitario, comenzaron a cuestionar la corrupción y la ineficiencia de las instituciones políticas como una de las causas principales de la crisis. En una sociedad que había manejado centenares de miles de millones de dólares por concepto de la renta petrolera, no se justificaba una crisis económica como la que Venezuela comenzó a padecer desde comienzos de los 80. En los partidos conductores de ese sistema político, Acción Democrática y COPEI, comenzaron a recaer las culpas de la crisis, y esas reflexiones comenzaron a manifestarse políticamente en las universidades. No habrán dejado de influir en el alumnado las investigaciones de los profesores que en las áreas de ciencias sociales abordaban el estudio de la realidad nacional. Como plantea Aranda, cada estudiante “es un sujeto pensante y cuestionador, que ya no se conforma con los discursos ideológicos sino que se prepara para descubrir la verdad y a la vez construye su propia certeza para avanzar en su desarrollo” (Aranda, 2000: 243).
Aunque algunos autores sostienen que “ninguna protesta social tiene como objetivo transformar el sistema político” (Haluani, 1994: I), sin embargo en las luchas del movimiento estudiantil venezolano en el segundo lustro de los 80, se formularon propuestas específicas hacia la transformación del sistema bipartidista dominante, como veremos más adelante. La acción política de ese movimiento estudiantil comenzó por derrotar electoralmente a los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda, generando un discurso político que sin ambages puede considerarse el embrión de todas las convulsiones sociales que se iniciaron en el país a partir del 27 de febrero de 1989. Al decir esto no estamos afirmando que exista una conexión directa entre los movimientos estudiantiles y las protestas populares del 27 de febrero; es decir, no necesariamente fueron los estudiantes los protagonistas principales en febrero del 89. Pero el sustento ideológico que envolvía la protesta social sí lo habían construido los movimientos estudiantiles, con sus críticas implacables hacia los vicios del bipartidismo y su lucha intransigente que llegaba al saqueo y quema de las casas partidistas de AD y COPEI, el apedreamiento de sedes institucionales como Asambleas Legislativas, Gobernaciones y Concejos Municipales, y los actos de saqueo de alimentos contra camiones de transporte privado. No cabe duda que los estudiantes fueron los primeros en dar “el ejemplo” de lo que se masificó como conducta social en febrero del 89.
2. Origen y proyectos de los movimientos autónomos y antipartido
A finales de 1980 estalló en la Facultad de Ingeniería de la UCV un conflicto estudiantil que enfrentaba a los nuevos movimientos ecologistas con la visión autoritaria del Decano Piar Sosa2. Rápidamente el conflicto se extendió a toda la universidad, por la participación solidaria de estudiantes de otras facultades, que exigían la reincorporación de 20 estudiantes expulsados por el mencionado decano. La causa del conflicto era que el decano había ordenado eliminar un área verde de la facultad para construir allí una caminería. El resultado principal de esta lucha es el embrión que quedó sembrado en las aulas y pasillos de la UCV, y que luego se extendería a todas las universidades nacionales: nacía un movimiento estudiantil independiente de los partidos políticos que tradicionalmente habían hegemonizado la acción del alumnado universitario.
Se constituyó así el llamado Movimiento 80, el cual en 1985 alcanzaría el triunfo electoral y pasaría a dominar la FCU, con William Peña como presidente. De una u otra forma, este proceso comenzó a repetirse en el resto de universidades. Los movimientos autónomos surgían “como respuesta a las equivocadas políticas que los partidos, principalmente los de la llamada izquierda, le impusieron a las organizaciones estudiantiles” (Ancidey, 1987: 16). Sus posturas antipartido se explicaban al afirmar que “estas organizaciones se han caracterizado por ser estructuras verticales, cerradas, características que han contribuido a que sean instrumentos apropiados para el desarrollo de políticas reformistas marcadas por un burocratismo tanto de izquierda como de derecha” (Ancidey, 1987: 16).
En mayo de 1985, el I Congreso Nacional de Estudiantes reunido en la ciudad de Mérida había otorgado un poderoso impulso a los movimientos autónomos de las distintas universidades del país. 820 delegados de diversas universidades e institutos educativos se reunieron para discutir 45 ponencias sobre temas como la situación internacional, la situación nacional, la situación educativa y la organización estudiantil. En general, las resoluciones de dicho evento se enfrentaban a lo que llamaban “medidas de carácter punitivo y represivo que las autoridades universitarias y el gobierno nacional” venían adoptando contra el estudiantado, expresadas en las políticas de selección y cupo, reglamento de repitientes, regímenes arancelarios que violan el derecho constitucional a la educación gratuita, y acciones represivas como la masacre de Tazón (1994), el allanamiento y desalojo de las residencias estudiantiles en LUZ (1995) y las expulsiones de estudiantes en la ULA. De La Universidad del Zulia asistieron 55 delegados de los siguientes grupos: A Mano Alzada-Arquitectura; Grupo Renacer Estudiantil Universitario (GREU) -Medicina; Parábolas-Ingeniería; Autoestima Estudiantil-Derecho; Equipo 8-Medicina; Centro de Estudiantes de Humanidades; Unidad Estudiantil-Economía; Centinela- Veterinaria; Grupo Independiente de Odontología (GIO); Movimiento Ciencias; Alianza Estudiantil de Agronomía (AEA); Frente Reivindicativo de Estudiantes Residentes (FRER); Frente Udonperista (Liceo Udón Pérez); Grupo IRI-CUM (I Congreso Nacional Estudiantil, 1985).
Los movimientos autónomos criticaban tanto el paternalismo, la conciliación y el autoritarismo de los partidos burocratizados en la estructura estudiantil, como el vanguardismo de otros grupos que actuaban como sectas radicalizadas, desvinculadas del estudiantado y autopostulándose como genuinos representantes del alumnado (Ancidey, 1987: 16). La apatía presente en el movimiento estudiantil era producto de la política desarrollada por los partidos que dirigieron los centros y federaciones en los años anteriores. Estos partidos, como AD, COPEI, MAS, MIR y PCV principalmente, por la vía de los acuerdos por arriba, le impusieron a la organización estudiantil unas estructuras burocráticas y verticales, muy adecuadas a sus políticas reformistas, pero muy lejos de representar las aspiraciones del estudiantado (Movimiento 80, 1987: 17). Las organizaciones estudiantiles habían derivado en apéndices de los partidos políticos. La representación estudiantil, en vez de actuar como voceros de los intereses estudiantiles discutidos en las asambleas, era considerada como la cuota de poder que tenía el respectivo partido en el cogobierno universitario (Movimiento 80, 1987: 17).
Algunos grupos, como el Movimiento 80 de la UCV, realizaban una profunda reflexión sobre las viciadas prácticas que se habían impuesto en la dirigencia estudiantil anterior, la cual provenía principalmente de los partidos MAS y MIR. Partían de una crítica radical a los esquemas burocráticos dentro de las estructuras estudiantiles, para romper con las trabas que dificultaran o impidieran la libre participación de todos los estudiantes en la toma de decisiones. Las organizaciones estudiantiles se habían convertido en mecanismos de promoción de los líderes juveniles de los partidos, los cuales saltaban de la FCU y Centros a ocupar cargos en el Congreso Nacional. Los dirigentes estudiantiles se habían convertido en una “casta dominante”; su gestión autoritaria era revestida por el paternalismo como mecanismo que sustituía la participación estudiantil. Los dirigentes terminaban siendo los intermediarios entre las autoridades y los estudiantes, negando con ello la movilización como instrumento de lucha del estudiantado para la conquista de sus derechos y reivindicaciones (Movimiento 80, 1987: 17). Esta cadena de vicios había conducido a la inmovilidad y a la pérdida de credibilidad de las organizaciones estudiantiles.
Pero el surgimiento de los “grupos autónomos de base” habían revertido el fenómeno de la degeneración del movimiento estudiantil. Desde diversos sitios y de manera simultánea, la actividad política estudiantil se fue recuperando gracias al quehacer de los grupos de base, quienes desarrollaban un trabajo vinculado a la cotidianidad del estudiantado, sustituyendo en cierta forma a la labor de los inactivos centros de estudiantes. El Movimiento 80 era expresión de la unión federativa de la mayor parte de estos grupos de base de la UCV. Con pocos recursos y mucho trabajo, este movimiento logró derrotar a las grandes maquinarias políticas. La culminación de este proceso de rectificación estudiantil debía concluir en un Congreso General de Estudiantes de la UCV, que sirviera para terminar de democratizar las organizaciones, creando estructuras horizontales, no burocráticas, y que permitieran estimular la participación de todos los estudiantes. El objetivo principal del congreso era “demoler todo el aparataje burocrático actual y sustituirlo por una organización que represente realmente las aspiraciones del estudiantado ucevista” (Movimiento 80, 1987: 17).
Otros grupos, como el Movimiento 20 de La Universidad del Zulia, que había conquistado la FCU en el primer semestre de 1987, extendía sus propuestas de democratización hasta las instancias del cogobierno universitario. Entre sus objetivos generales figuraban: Procurar la autonomía de trabajo y de decisión en las organizaciones estudiantiles; mantener y luchar por las reivindicaciones estudiantiles; valoración de las capacidades individuales como una forma de superar la alineación personal; transformación del sistema educativo imperante (rechazo a la tecnocracia); trabajar en la formación de profesionales y estudiantes críticos y conscientes de la realidad nacional; defender la educación gratuita y democrática; impulsar la autogestión estudiantil en distintas áreas reivindicativas, culturales y académicas; ratificar la concepción del delegado como vocero y representante del colectivo; impulsar movilizaciones sin asumir posiciones vanguardistas y manipuladoras; el rescate de principios éticos y la construcción de un nuevo lenguaje para el movimiento estudiantil (Movimiento 20, 1987: 15).
Un importante aspecto de los programas de acción de los movimientos de base se referían al enfrentamiento a lo que denominaban “ofensiva desatada por el gobierno y las autoridades universitarias contra la autonomía de las universidades y contra el derecho al estudio”. Entre sus propuestas a nivel académica figuraban: Frenar la elitización y la privatización de la enseñanza; enfrentar el cerco económico impuesto por los gobiernos de turno; cuestionar la implementación de pensum de estudios alejados de la problemática del país; promover el desarrollo de la ciencia y la cultura en pro de las necesidades populares; y la democratización de las universidades en todos los niveles (Movimiento Sol Cien, 1987).
El carácter autónomo de los movimientos de base era concebido como una profundización de las definiciones programáticas que guiaban su accionar político. La independencia de los partidos no implicaba estar carentes de pensamiento político, ni ausencia de compromiso, como pudiera pensarse. La autonomía o independencia la concebían como una actitud ante la vida, abriendo la posibilidad de participar sin tener que someterse a las imposiciones burocráticas, verticales, carentes de democracia interna, que se presentaban en los partidos del estatus (Movimiento 20, 1987: 15). No se consideraban apéndices ni brazos de partido político alguno.
En los hechos, entre los fundadores de estos movimientos de base participaron numerosos exmilitantes de partidos de la izquierda, sobre todo provenientes de los sectores más radicales como la Liga Socialista, Bandera Roja y el Partido de la Revolución Venezolana. También habían militantes activos de partidos de izquierda, sobre todo de Bandera Roja, que por actuar clandestinamente, facilitaba que sus activistas no tuvieran que identificarse públicamente como integrantes de un partido político. Como las críticas a los partidos de izquierda y de derecha no alcanzaban a la izquierda radical, la cual hasta ese momento no había tenido mayores cargos de dirección en las estructuras de las FCU y Centros de Estudiantes, se hacía viable que los militantes de estos pequeños partidos convivieran con el carácter autónomo, independiente y antipartido de los movimiento estudiantiles de base.
Al mismo tiempo, el nacimiento de los grupos autónomos se relacionaba con la situación del país. Eran una respuesta a las viciadas prácticas de los partidos políticos, y llenaban el vacío generado por la crisis del país político (Movimiento 20, 1987: 15). Específicamente, cuestionaban la negativa de los partidos políticos del status, Acción Democrática y COPEI, a implementar las reformas políticas y electorales que permitirían ampliar la participación democrática de la población en el sistema político venezolano (Movimiento Fórmate y Lucha, 1987: 18). Por otra parte, las responsabilidades de la crisis económica también eran consideradas al momento de la constitución de los movimientos y definición de sus programas de acción. El programa económico del gobierno de Jaime Lusinchi, era relacionado con “los dictados del FMI”, que buscaban garantizar el pago de la deuda externa a costa del hambre, la miseria y la represión de las mayorías venezolanas. De estas reflexiones, los movimientos autónomos concluían que las luchas por reivindicaciones estudiantiles eran a la vez luchas del pueblo, como al mismo tiempo eran suyas las luchas populares. No sólo se planteaban la unidad con profesores, empleados y obreros dentro de las universidades, sino con los sectores obreros vecinos a las áreas universitarias (EPA 86, 1987: 19).
El objetivo del gobierno era imponer un nuevo modelo económico, que pasaba por la reducción del gasto en educación y salud (EPA 86, 1987: 19). En respuesta a ello, los movimientos postulaban la unidad nacional estudiantil en lo organizativo y planes de lucha comunes. A la vez, debían profundizar la vinculación con los obreros, vecinos, profesionales y campesinos para levantar un fuerte movimiento popular que impugnara el orden social vigente (Movimiento 80, 1987: 17). En el fondo, los movimientos no sólo cuestionan la situación particular de las universidades, sino la situación de crisis de la sociedad en general, frente a la cual se colocaban en oposición a los valores que garantizan la acumulación y los privilegios de algunos individuos a costa del trabajo y las privaciones del colectivo. Se ubican como activistas de una lucha que busca un futuro diferente donde sea el bienestar de los individuos la meta principal de la acción y la razón de ser de la sociedad (Movimiento Nueva Universidad, 1987: 20).
Para los movimientos de base, el movimiento estudiantil debía ponerse en sintonía con los grandes problemas del país, relacionándose con todos aquellos sectores de la sociedad que proponen posiciones de avanzada social y transformación política. El movimiento estudiantil debía retomar su papel histórico como centro de discusión y de propuestas ideológicas, convirtiéndose en actores esenciales para la conducción de la sociedad (Movimiento Fórmate y Lucha, 1987: 18). La lucha de los estudiantes no es aislada de las luchas que debe librar el pueblo por la consecución de una sociedad más justa y más humana (Movimiento Sol Cien, 1987).
En resumen, los programas de los movimientos autónomos estudiantiles partían de una crítica a la propia organización estudiantil que hasta ese momento había prevalecido en las universidades, propiciando su democratización horizontal, a la vez que proponían ideas de transformación hacia el interior de las instituciones educativas, y se vinculaban a la problemática sociopolítica y económica del país. Con un mensaje renovado, los movimientos autónomos fueron derrotando a los anquilosados partidos de izquierda y de derecha que hasta ese momento habían controlado las FCU y Centros, y se colocaron en una posición que les permitiría asumir la dirección de las luchas estudiantiles que estallaron a partir del llamado “marzo merideño”, en 1987.
3. El marzo merideño y la resurrección de la lucha estudiantil en Venezuela
El 13 de marzo de 1987 fue asesinado Luis Ramón Carballo Cantor, vinculado al partido Acción Democrática, cuando celebraba su graduación en La Universidad de Los Andes. Su asesino fue el abogado Bernardino Navas, también vinculado a AD, quién disparó contra el joven cuando éste penetró al jardín de su casa en horas de la madrugada a realizar una necesidad física. Según las informaciones recogidas en los diarios, primero hubo una discusión entre ambos antes de que el abogado disparara, situación que sirvió para que todo el estudiantado de la ULA saliera a la calle a protestar por lo que consideraba un asesinato totalmente injustificado. El nivel de violencia que se manifestó ese día y los subsiguientes no se presentaban en el país desde el mismo 23 de enero del 58.
La casa y el vehículo del asesino fueron incendiadas casi de inmediato por los estudiantes, a lo que siguió el saqueo de establecimientos comerciales y bancos, y la destrucción e incendio de la sede distrital de Acción Democrática en Mérida. Durante varios días el orden público estuvo fuera de control en la ciudad de Mérida, pese a la toma policial y militar de que fue objeto a partir del 14 de marzo. Durante el sepelio del estudiante los manifestantes intentaron asaltar los puestos policiales en dos barrios de la ciudad. Como la policía y la Guardia Nacional no se daban abasto para controlar las manifestaciones, el gobernador Carlos Consalvi pidió refuerzos provenientes de San Cristóbal3 y otras partes del país. Finalmente, el 16 de marzo el gobierno se vio obligado a sacar al ejército a la calle, como último recurso para aplacar la protesta estudiantil que parecía no tener fin. Las instalaciones de la Universidad de los Andes fueron ocupadas por las fuerzas policiales y militares.
El asesinato de un estudiante por causas no vinculadas directamente a problemas universitarios, había generado, sin embargo, una descomunal protesta de varios días que adquirió dimensiones de violencia no vista en décadas. El 17 de marzo el Rector de la UCV, Edmundo Chirinos, opinaba en El Nacional que las protestas de Mérida eran una “manifestación colectiva del cansancio de las clases desposeídas y de la inconformidad con la dirigencia política”. Terminaba diciendo que “la rebeldía bien encaminada podría generar una nueva alternativa” ante el decadente sistema político venezolano.
Por su parte el gobierno comenzó a calificar la protesta como una “conspiración contra el Estado”. Según el presidente Jaime Lusinchi y otros voceros gubernamentales, lo de Mérida formaba parte de una conspiración comunista que probablemente era orquestada desde Cuba por Fidel Castro (El Nacional, 23/03/87). Lusinchi insistía en que no había una explosión social en el país, y que protestar contra un presidente democrático era una cobardía (El Nacional, 21/03/87). El precandidato presidencial adeco, Carlos Andrés Pérez, advertía sobre el “aldabonazo que significaba lo ocurrido en Mérida, para que en un país convulsionado por la situación económica no afloren situaciones similares” (El Nacional, 20/03/87). El parlamentario copeyano Pedro Pablo Aguilar, consideraba que la raíz del malestar social estaba en los índices de inflación, desempleo y alto costo de la vida (El Nacional, 22/03/87). Los parlamentarios del MAS, Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, consideraban que existía un malestar social y desconfianza hacia las instituciones, que un estallido como el ocurrido obedecía a razones más profundas que las esgrimidas por el gobierno. El secretario general de AD en Mérida, Hector Alonso López, acusaba a grupos de extrema izquierda de haber fomentado los desórdenes, y felicitaba al gobernador Consalvi por su prudente actitud, pues sino “hoy en Mérida todavía estaríamos recogiendo muertos” (El Nacional, 23/03/87). Finalmente, Gumersindo Rodríguez se solidarizaba con el presidente y compartía las enérgicas medidas tomadas para restablecer el orden, al imponer la fuerza del Estado ante los factores subversivos de la extrema izquierda.
No bien se había aplacado la protesta en Mérida, cuando la misma repercutía en la capital y otras ciudades del país. A partir del 19 de marzo la lucha estudiantil se regó por toda la geografía nacional: Caracas, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, Cumaná, Barcelona, La Victoria. La Universidad Central de Venezuela y el Pedagógico de Caracas también fueron allanados por la acción policial. El saldo inmediato de la lucha estudiantil arrojó el balance de un muerto y 70 heridos (El Nacional, 19/03/87). En respuesta a la lucha estudiantil, el gobierno inició una campaña represiva que duraría varios meses, allanando residencias y deteniendo a numerosos estudiantes, empleados y profesores de distintas universidades. Caracciolo León, vice-presidente de la FCU-ULA, acusaba al gobierno de subvertir el orden con su política económica, el alto costo de la vida y el desempleo (El Nacional, 27/03/87). En el otro bando, el Ministro de la Defensa, general José Cardozo Grimaldi, reconocía el aprendizaje de la lección en Mérida, y enfatizaba que las fuerzas armadas debían estar preparadas para restablecer el orden público cuando así lo requirieran las autoridades civiles (El Nacional, 30/03/87)4.
El 2 de abril 25 mil personas manifestaron en Caracas por la defensa de los derechos democráticos y contra la represión. La marcha fue encabezada por el Rector de la UCV, Edmundo Chirinos, el presidente de la FCU, Bernardo Ancidey, por el presidente de la Asociación de Empleados de la UCV, José Khan, por el presidente de la Asociación de Profesores, Luis Fuenmayor, y por José Vicente Rangel5. La marcha concluyó en la plaza El Venezolano, en la cual el rector Chirinos dijo que los manifestantes representaban a los 300 mil estudiantes del país y a los 17 millones de venezolanos que cada día se empobrecen más, pero que han salido a la calle a decirle al gobierno que hay una fuerza en cada ciudadano que reclama cambios. Por su parte, Rangel consideró que la marcha era un repudio al sectarismo y la hegemonía de AD y COPEI, a la corrupción, a la represión policial, al endeudamiento, a la crisis asistencial y de los servicios, y al narcotráfico. El mismo día, otra marcha en Barquisimeto finalizó con el apedreamiento contra las fachadas del Palacio Municipal y de la Gobernación del Estado Lara.
A las repercusiones por lo sucesos de Mérida se fueron juntando otras luchas universitarias, como la huelga que por varios días realizaron en abril los profesores de todas las universidades del país6, y las protestas estudiantiles por el alza de los pasajes en el transporte público. El 29 de abril, una nueva marcha estudiantil en protesta por el alza en los pasajes fue dispersada violentamente por la policía, a la vez que era allanada nuevamente la UCV, con el saldo de más de 30 heridos, 7 de ellos de bala, numerosos detenidos y la destrucción de bienes de la institución, según denuncia del propio Rector Chirinos (El Nacional, 30/04/87). Este allanamiento encendió nuevamente la mecha de las protestas en todo el país. La respuesta gubernamental se hacía cada vez más violenta, generando el repudio de diversos sectores universitarios y de la vida política nacional. A la violencia represiva del gobierno los estudiantes respondían con iguales expresiones de lucha callejera, incorporando la práctica del saqueo de vehículos con víveres y el reparto de los mismos a los transeúntes. En Maracay, Valencia, Guacara, Maracaibo, San Juan de los Morros, Barcelona, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, y otras ciudades, los estudiantes tomaban las calles en jornadas de protesta que cada vez se hacían más violentas y a las cuales se comenzaban a incorporar habitantes de los barrios populares cercanos. Las protestas estudiantiles comenzaron a organizarse de común acuerdo con organizaciones populares como movimientos vecinales, sindicatos y movimientos de trabajadores, grupos culturales y organismos de derechos humanos (El Nacional, 02/05/87).
El clímax de la represión gubernamental llegó el 6 de mayo, cuando fueron puestos a la orden de los tribunales militares 28 personas, en su mayoría estudiantes de la UDO y activistas de organizaciones populares del oriente del país. Al acusarlos de pertenecer al grupo Bandera Roja, el gobierno pretendía con ello descalificar toda la protesta estudiantil que se escenificaba a nivel nacional, justificando sus explicaciones de que respondían a un plan de la extrema izquierda para alterar el orden público.
El mismo día, los profesores universitarios Víctor Córdova Cañas y Carlos Eduardo Febres opinaban sobre los estallidos de violencia en varias ciudades del país, al afirmar que “la pérdida acelerada de la calidad de vida del venezolano van a generar sucesivas manifestaciones de protesta, no sabemos si será una explosión social, la anarquía o el castigo electoral7, pero de lo que estamos persuadidos es de que toda crisis genera un efecto expansivo...los estudiantes como parte integrante de los sectores medios del país, expresan una doble crisis: la suya como pérdida de sus expectativas profesionales ante la degradación de los títulos universitarios y una suerte de proletarización forzada, y por otra parte la crisis de la familia de clase media, severamente castigada por la pérdida del confort adquirido en los años dorados del boom petrolero, más el severo recorte de sus espacios de recreación y estándares de vida que generan estados de angustia e incertidumbre muy preocupantes para el futuro inmediato” (El Nacional, 06/05/87).
El exRector de la UCV, Rafael Pizani, expresaba que “los allanamientos son actitudes que indican un gran desacierto por parte del gobierno. Cuando éste interviene policialmente los institutos educativos, está señalándose ante la historia como un gobierno reaccionario, incapaz de comprender las necesidades que motivan la protesta estudiantil. Toda intervención policial es reaccionaria, inadmisible en el proceso educativo”. También analizaba Pizani el fenómeno de los movimientos independientes que estaban derrotando a los partidos políticos dentro de las universidades: “Debemos rechazar la mala influencia que vienen ejerciendo los partidos políticos en la educación. Se ha visto en los últimos procesos electorales cómo los partidos están recibiendo serias advertencias en cuanto a la modificación de esa tendencia clientelista y partidista que vienen ejerciendo en las universidades. Últimamente han sido derrotados los partidos políticos frente a una nueva tendencia o vinculación de desactivar la maquinaria partidista en la marcha de la universidad. Ese es el reflejo de lo que ocurre en todo el país...”8 (El Nacional, 21/06/87).
La represión gubernamental se acentuó con el allanamiento contra La Universidad del Zulia (07/05/87) y el núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente. La persecución y detenciones contra estudiantes, profesores y empleados universitarios continuaba su escalada en todo el país. El 12 de mayo el juez militar de Ciudad Bolívar dictaba autos de detención contra 17 estudiantes y activistas populares9. El 14 de mayo, el Ministro del Interior José Angel Ciliberto presentaba ante el Congreso pruebas de que el grupo Bandera Roja liderizaba un movimiento subversivo en el país.
En respuesta a la ofensiva represiva gubernamental que buscaba militarizar la protesta social, los estudiantes iniciaron a comienzos del junio una huelga de hambre en la UDO-Anzoátegui, la cual progresivamente se fue extendiendo por todas las universidades del país, exigiendo la libertad de todos los enjuiciados en tribunales militares, y la reincorporación de varias decenas estudiantes que habían sido expulsados y sancionados en distintas universidades. La huelga de hambre se sucedía en la UCV, en el Politécnico Luis Caballero Mejías (Caracas), en el Tecnológico de Coro, en el Pedagógico de Caracas, en la Catedral de Barcelona, en la sede de la UDO-Anzoátegui, en la Catedral de Caracas, en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, en Maracay, y en Mérida.
Junto a la huelga de hambre, las protestas estudiantiles de calle seguían alterando la geografía nacional10. El primero de julio se producen grandes manifestaciones en Caracas y otras ciudades. En la zona del 23 de enero, en Caracas, es asesinada por motorizados de la Disip la estudiante de bachillerato Sonia Ordóñez Cárdenas. El ministro Ciliberto negaría esa versión y afirmaría en el Congreso que la policía no estaba implicada (El Nacional, 02/07/87). El 2 de julio, era asesinado el estudiante de la ULA-Trujillo Jhony Villarreal, en medio de un allanamiento policial contra la institución, luego de que fuera dispersada una marcha estudiantil en solidaridad con los huelguistas de hambre.
Las muertes de estudiantes a manos de la policía alteró aún más los ánimos. La casa distrital de AD en Trujillo fue saqueada e incendiada. En Mérida fueron apedreadas la sede de la gobernación, alcaldía y asamblea legislativa. En ambas ciudades se generalizaron las protestas y los saqueos durante la noche del mismo día. El propio presidente Lusinchi dio la orden de sacar a la Guardia Nacional y al Ejército a la calle para controlar las situaciones en Mérida y Trujillo. Sin embargo, la violencia estudiantil estaba lejos de ser controlada. En Barinas también era saqueada la casa distrital de Acción Democrática. En Escuque, durante el sepelio del estudiante Villarroel, fueron saqueadas e incendiadas las casas de AD y COPEI. En San Cristóbal los estudiantes del núcleo de la ULA también tomaban las calles e incendiaban un vehículo del MTC. En Caracas, una manifestación de estudiantes de la UCV era dispersada violentamente por la policía, con saldo de 47 estudiantes y 7 policías heridos (El Nacional, 03/07/87). El Politécnico Luis Caballero Mejías, de La Yaguara, era allanado por la policía y desalojados los huelguistas de hambre, a la vez que se detenían a numerosos estudiantes. Barquisimeto también era tomada militarmente luego de violentas protestas (El Nacional, 06/07/87). En San Fernando de Apure, los estudiantes destrozaban la sede de la Asamblea Legislativa (El Nacional, 07/07/87).
El 9 de julio nuevamente se organizaba una gran marcha nacional en Caracas en protesta contra la represión gubernamental. Personalidades de distintos sectores del país respaldaron la marcha universitaria con su presencia, entre ellos se encontraban Héctor Pérez Marcano, Alexander Luzardo, Adelso González Urdaneta, Héctor Mujica, Pedro Rincón Gutierrez, Teodoro Petkoff, Radamés Larrazabal, David Nieves, Macario González, Anibal Nazoa, Carlos Azpúrua, y Cesar Pérez Vivas.
Al mismo tiempo, las mismas universidades comenzaban a pronunciarse contra la ofensiva represiva del gobierno. El Consejo Universitario de la UCV, ante los acontecimientos ocurridos en diferentes regiones del país, acordaba en remitido público (El Nacional, 03/07/87): “La actitud represiva del gobierno no puede ser considerada ya como un fenómeno coyuntural; se nos presenta como una actitud política fundamental y permanente en un momento de extrema dificultad económica que requiere del concurso de todas las instituciones del país a fin de contribuir al tratamiento responsable y ponderado que permita atender las precarias condiciones de vida y crecientes necesidades de las mayorías populares y a una justa distribución de la cuantiosa riqueza que el país genera. El Consejo Universitario hace un llamado a los consejos e instancias directivas de todas las universidades del país, a los partidos políticos, al Congreso Nacional, a las Asociaciones empresariales de vocación democrática, a la iglesia y comunidades religiosas, a las juntas comunales, y asociaciones de vecinos, a las agrupaciones sindicales y gremiales, y a todas las instituciones y personalidades, a fin de configurar un gran frente nacional capaz de movilizarse para atender los urgentes requerimientos de nuestra sociedad y de defender las libertades que tanto sacrificio le han costado al pueblo venezolano”.
La Asociación de Profesores de la UCV convocaba por su parte a conformar un gran frente nacional en defensa de las libertades democráticas (El Nacional, 10/07/87). El Consejo Universitario de la ULA convocaba igualmente a formar un frente en defensa de la universidad autónoma (El Nacional, 11/07/87). Algunos exdirigentes estudiantiles daban su explicación sobre lo que acontecía en el país. Para Macario González “el movimiento estudiantil siempre ha sido la expresión de la angustia y malestar que sufre la sociedad venezolana. Cuando reacciona se producen estos estallidos y por eso hemos visto como en las últimas movilizaciones populares, el sector ha tenido una importante participación cuando se ha protestado contra el alto costo de la vida, contra el desempleo, etcétera”. Para Max Guevara, “..Los momentos históricos fundamentales en el desarrollo político nacional han estado liderizados en buena parte por estudiantes y estudiosos... la cadena de hechos de violencia que involucran a los estudiantes, comenzando por los acontecimientos de Mérida, son producto de una desesperación colectiva ante una política gubernamental de oídos sordos a la petición de justicia e igualdad de condiciones como la propuesta por la Constitución Nacional”. Por su parte Gerardo González, era de la opinión que “la situación explosiva que vive el país, se debe fundamentalmente a la posición de las autoridades gubernamentales que han respondido agresivamente a cualquier situación estudiantil, como ocurrió en el caso de la UDO” (El Nacional, 03/07/87).
La iglesia también se manifestaba ante los acontecimientos. Monseñor 0vidio Pérez Morales, obispo de Coro, opinaba lo siguiente: “En lo que concierne a la forma actual de violencia y de tensión, tiene toda una serie de factores que inciden en este malestar y que tienen esta salida de enfrentamientos a veces dolorosos. La situación económica es indudablemente un hecho que incide. La carestía de la vida, el desempleo, los muchachos que no encuentran lugar en los centros de enseñanza, y quedan lanzados en el medio del camino, sin una educación que los prepare para la vida. Hay también factores de tipo político. Las divisiones entre grupos políticos, el sectarismo, la ambición de poder que lleva también a hacer los desplazamientos” (El Nacional, 13/07/87).
Por el lado oficial, el criterio del Ministro José Angel Ciliberto, establecía que “hay una sincronía en la manifestación estudiantil. No es casual y esporádica, son brotes coordinados y planificados. Se ha actuado en Mérida, Trujillo, Valera y Caracas” (El Nacional, 03/07/87). El gobierno seguía en sus trece de culpar a planes subversivos de la extrema izquierda por los acontecimientos de protesta estudiantil en todo el país.
No obstante, la presión de las manifestaciones obligó al gobierno a liberar a los estudiantes y dirigentes populares que estaban sometidos a juicio militar. Los primeros estudiantes fueron liberados el 13 de julio, y el resto en los días siguientes. Era objetivamente un triunfo de los estudiantes y del movimiento social que se había levantado en contra de la política represiva gubernamental. Por primera vez en varias décadas, desde 1960 probablemente, las luchas callejeras y manifestaciones permitían conquistar la libertad de detenidos políticos. El expediente de los tribunales militares, tan efectivo para la democracia representativa en los 60 y 70, demostraba su inoperancia en una situación política en la cual el bipartidismo no contaba ya con suficiente consenso como para reprimir impunemente las expresiones de protesta social.
Las palabras del rector Edmundo Chirinos durante el acto de juramentación de los nuevos decanos y representantes profesorales en la UCV, profetizaban lo que sería el futuro del país en los años venideros: “En toda Venezuela empieza ha generarse un movimiento independiente, no como la tercera opción, sino como la otra opción, ni partidista ni antipartidista. Es una voluntad de independencia nacional, de profunda independencia popular, de avasallante independencia democrática. Y crece, crece y crece mientras disminuye, disminuye y disminuye el minúsculo grupo de poder”. (El Nacional, 06/07/87).
Conclusiones
La protesta estudiantil desatada a partir del marzo merideño modificó radicalmente el panorama político del país. Las jornadas de lucha estudiantil colocaron en la palestra política a una serie de fuerzas independientes que se habían gestado en los últimos años al interior de las universidades, y principalmente en el seno del movimiento estudiantil. El deterioro de los niveles de vida de la población, debido a la crisis económica iniciada en 1983 luego del llamado “viernes negro”, era el principal ingrediente del malestar popular que acompañaba y se solidarizaba con las luchas de los estudiantes. Unido a ello, el creciente desprestigio del sistema político, por las reiteradas acusaciones de corrupción contra connotados dirigentes de los partidos AD y COPEI, generaba una tendencia que implicaba la pérdida de legitimidad del modelo puntofijista imperante desde 1958.
Los movimientos autónomos estudiantiles que habían surgido en las universidades, y que estuvieron a la cabeza de las protestas a partir de 1987, eran la mejor expresión del proceso de desmoronamiento de la hegemonía partidista sobre la sociedad venezolana. Si uno de los elementos centrales de la crisis política del puntofijismo, agudizada a partir de febrero del 89, fue el surgimiento de actores sociales que desde hacía décadas no se manifestaban en forma beligerante en nuestra sociedad, fueron los movimientos estudiantiles una de esas primeras expresiones, no como expresión de fuerzas políticas de oposición (como ocurría en los años sesenta), sino como expresión natural de un programa político que reivindicaba el protagonismo directo del pueblo excluido en la construcción de un nuevo orden político radicalmente distinto al imperante.
En los discursos y proclamas de los estudiantes y demás sectores en conflicto, no había otra alternativa que el enfrentamiento directo contra las fuerzas del orden, y no sólo contra el gobierno de turno11. Los llamados eran a derrotar el bipartidismo, a construir una nueva institucionalidad que se había degenerado en la corrupción y el clientelismo, a enfrentar a un régimen que se colocaba de espaldas a los intereses de las mayorías y en cambio favorecía a una selecta minoría de dudosa moral y reconocida incompetencia.
Fue en las universidades en dónde por primera vez comenzaron a ser derrotadas masivamente las fuerzas del bipartidismo adeco-copeyano, y dónde a la vez se cuestionaban los vicios y corruptelas del sistema político. En las acciones estudiantiles de 1987 y 1988 se estableció una conexión entre el discurso político antisistema que se había forjado en las universidades a comienzos de la década (y que indudablemente recogía muchos elementos de la oposición revolucionaria de los años 60 y 70, aunque agregaba otros nuevos como las tesis antipartido y la confrontación al neoliberalismo), las acciones masivas de calle y los triunfos políticos concretos que los estudiantes alcanzaron en esos años. Tanto la huelga de hambre nacional realizada por los universitarios en 1987, que derrotó al gobierno al conseguir por primera vez en la historia de la democracia que un movimiento de masas conquistara la libertad de presos políticos, como la huelga universitaria de 1988 (que aquí no hemos analizado), la cual triunfó luego de masivas acciones de protesta que incluyeron simultáneas tomas de embajadas en la ciudad de Caracas y la realización de otra huelga de hambre nacional por los universitarios, demostraron a la población venezolana que sí era posible derrotar al bipartidismo, aún en situaciones extremas como las planteadas. La acción de los movimientos estudiantiles de una u otra forma dignificó las protestas callejeras violentas, al mismo tiempo que instauraba con su ejemplo prácticas organizativas que cuestionaban al modo de hacer política del puntofijismo12.
Los protagonistas de la protesta intentaron canalizar de alguna forma la semilla sembrada. Edmundo Chirinos fue en 1988 candidato presidencial por un sector de la izquierda13, obteniendo una escasa votación. Luis Fuenmayor, pasó de presidente de la APUCV al rectorado de esa universidad en el 8814. Pero los hechos demostraron que el sistema puntofijista todavía tenía reservas y pasarían varios años antes de su caída definitiva. No obstante, podemos decir que en 1987 arrancó un proceso que conduciría directamente al levantamiento popular del 27 y 28 de febrero de 1989 y a los alzamientos militares de 1992, y que en ese proceso los movimientos estudiantiles eran los principales protagonistas. Los movimientos estudiantiles de 1987 y 1988 señalaron con su ejemplo y con su discurso el camino que tomaría posteriormente la crisis del sistema político nacido en 1958. Las masivas acciones de protesta y saqueo realizadas en febrero del 89 por la población de Caracas y ciudades cercanas tuvieron sus antecedentes en la enorme violencia de las protestas estudiantiles de los dos años anteriores. Cuando el pueblo caraqueño se lanzó al saqueo, esa acción ya había sido legitimada en la conciencia popular por los estudiantes que iniciaron esas prácticas durante las manifestaciones del 87-88.
Cuando insurgen los militares el 4 de febrero del 92, el discurso que proclaman es el mismo que los movimientos estudiantiles habían enarbolado desde comienzos de los 80 para enfrentar al sistema puntofijista. La habilidad de Chávez estuvo en apropiarse de ese discurso, más no en darle continuidad organizativa y política al movimiento social que había legitimado su levantamiento a los ojos del pueblo venezolano. El chavismo sacó de circulación a las organizaciones estudiantiles y populares que habían encabezado la protesta social previa al 4 de febrero. Su visión burocrática y mesiánica de la “revolución” no dejaba espacio para el protagonismo popular y la horizontalidad organizativa de los movimientos estudiantiles.
Dirigentes estudiantiles en 1987
Institución
Nombre
UCV
Bernardo Ancidey, Gabriel Flores, Wilfredo Mendoza, Anahis Arismendi, José Luis Carias, Oscar Carballo, Jorge Barrow, Claudio Suárez, Joaquín Jaimes, Eduardo Padilla, Reina Matheus, David De Lima, Omar Roa, Ricardo Rojas.
LUZ
Lenín Cardozo, René Arias, Jhony Balza, Jesús Rincón, Víctor Basabe, Luis Duarte, Cesar Liset, Jesús Chiquito, Mauro Carrero, Enid Stewart, Carmen Hernández, José Toledano, Alexis Ferrer, Jerónimo Mora, Emerita Ramírez, María Viloria, Sofía Viloria, José Tovar.
UDO
William Rodríguez, Lenín Hernández, Simón Meneses, Jesús Vásquez, Jorge Bello, Carlos López, Alejandro Wessolowsky, Santos Rojas, Sirio Castillo, Tairi Mosffi, Richard López.
IUPC
Carlos Texeira, José Luis Carrero, Miguel Ovalles, María Savelli.
IPLCM
Arturo Gallegos, Jorge Manríquez, Gonzalo González, Lino Panza, Wilmer Martínez, Javier Luna.
USB
Carlos Novo, José Riestra, Olga Ramos, Jesús Borges, Tomás Rodríguez, María Rodríguez.
Cuando hoy pareciera que sobre los militares alzados en el 92 recaen todas las glorias por la derrota del bipartidismo adeco-copeyano, es válido recordar que fueron los estudiantes venezolanos quienes con su lucha incondicional y a costa de enormes sacrificios que significaron muertos, heridos, detenidos y perseguidos, además de mantener una constante protesta de calle por varios meses, lograron trastocar la calma y la aparente solidez que caracterizaba al sistema político puntofijista e iniciaron el proceso que conduciría a su caída.
En junio de 1987, Luis Damiani, concluía que en el futuro del país parecía presentarse como inexorable “la pesadilla eterna de las clases altas venezolanas, la de los cerros bajando”. La incógnita sería de fecha y hora. La causa, el malestar que surge de la crisis de las expectativas creadas en el imaginario colectivo de la sociedad venezolana. “Eso podría originar una explosión social, no sólo motorizada por los sectores subalternos, sino también por la clase media pauperizada...Los conflictos sociales podrían dislocarse fuera del control de los partidos políticos, en prácticas subversivas que suspenderían las reglas de juego sobre las cuales la sociedad pauta su rutina cotidiana” (El Nacional, 25/06/87). Cualquier parecido con lo que posteriormente ocurrió, no es pura coincidencia.
1 En el artículo “Movimientos sociales y crisis de la sociedad colonial”, publicado en la revista Anuario de Estudios Bolivarianos, del Instituto de Investigaciones Históricas –Bolivarium-, de la Universidad Simón Bolívar. Año VIII, N° 9 – 2000.
2 El actual Rector de la UCV, Giusuppe Gianetto, figuraba en ese entonces como integrante del grupo profesoral piarsosista en la Facultad de Ingeniería. El partido que les daba aliento era Acción Democrática.
3 La información es obtenida del Diario El Nacional, y de otros diarios como Ultimas Noticias y El Universal.
4 Aprendizaje que aplicarían el 27 de febrero de 1989, cuando el gobierno le entregó el mando a las Fuerzas Armadas durante 22 días, para que a sangre y fuego restablecieran el orden alterado por la explosión social.
5 Salvo Ancidey, todos los nombrados han ocupado o siguen ocupando cargos prominentes en el actual gobierno de Hugo Chávez.
6 Huelga en la cual se obtuvo por primera vez lo que hoy se conocen como las Normas de Homologación.
7 Tanto la explosión social del 27/02/89 como el triunfo electoral de Chávez el 06/12/98 se pueden considerar como resultado de esa crisis económica iniciada en los 80.
8 En las elecciones decanales de mayo en la UCV habían triunfado una serie de candidatos independientes, derrotando a los partidos. Igual fenómeno se presentó en el Sindicato de la Prensa.
9 Los enjuiciados eran: Germán Blanco, América Salazar, Francelia Barreto, Edgar Maestre, José Montilla, Juan Tanoy, Pablo Bastidas, Fernando Mata, Miguel Salazar, Héctor Brito, Carlos Diapa, Juan Antúnez, Andrés Eloy León, Domingo Durán, Abrahan Campos, Miguel Barrolleta y Domingo Basanta.
10 Los huelguistas de hambre eran: Jorge Bello, Jesús Vásquez, Alejandro Wessolosky, Sirio Castillo, Tairí Mosffi, Richard López, Max Robinson (profesor), Eduardo Gasca (profesor), Víctor Nadales (profesor), Miguel Tenías, Carlos López (UDO); David de Lima, Anahis Arismendi, José Luis Carías, Oscar Carballo, Jorge Barow, Claudio Suárez, Joaquín Jaimes, Eduardo Padilla, Reina Matheus, Miguel Ovalles, Omar Roa, Armando Sánchez (UCV); Carlos Novo (USB), Carlos Carrero, María Savelli (IUPC), Mauro Carrero, José Tovar y Carlos Pineda (LUZ); Felipe Molina, José Serrago (Maracay); Elena León, Manuel Molina (ULA); Samuel Chirinos, José Ustáriz (L.Caballero Mejías). Además, 11 estudiantes del Tecnológico de Coro. En total, más de 40 estudiantes y profesores se sumaron a la huelga de hambre nacional.
11 “El movimiento de resistencia se volcó desde un primer momento contra la representación política del poder soberano... Se empezó enfrentando algo cuyo peso civilizatorio es mucho más grande de lo que este mismo movimiento tenga plena conciencia, ya que se trata del hecho político fundacional, constitutivo, del modelo burgués de dominación... El comienzo del movimiento de levantamiento contra el puntofijismo no se da entonces contra un determinado modo de representación o invocando el restablecimiento formal de las libertades, sino en contra tanto de los viejos como de los nuevos sistemas de representación ofertados por el recetario privatista neoliberal... De allí el radicalismo antirepresentativo en que se funda la rebelión desde sus comienzos” (Denis, 2001: 62-63).
12 “Es entonces que empieza a dignificarse políticamente la espontaneidad de la acción violenta de calle, la reapropiación de tierras expropiadas, la reorganización horizontalizante de los pocos espacios sociales de resistencia al sistema, el estímulo para la creación de nuevos espacios nunca abordados en tanto tales como la comunicación, la educación, la ecología y las tecnologías alternativas, y el llamado a la reactivación de las prácticas de ayuda mutua y autogestionarias como lugares para la viabilización de nuevos modelos societarios” (Denis. 2001:61).
13 En 1999 sería miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.
14 Actual director de la OPSU en el gobierno de Hugo Chávez.
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